“Los Accidentes de La Navegación.Un Régimen vigente unificado

El Derecho Marítimo se ha caracterizado siempre por ser una especialidad del derecho diferenciada y con carácter propio. En nada se asemeja respecto de otras materias legales que se asientan dentro de un Ordenamiento Jurídico, considerando, que tanto su origen, su lenguaje y costumbre, hacen de él su específica naturaleza “sui generis”. Esta es la razón  por la cual ha sido siempre objeto de un amplio estudio doctrinal, además de su diversidad normativa, su necesaria concreción y su significativa aplicación. El contenido de este derecho, comprende y regula importantes instituciones propias del comercio marítimo y de la industria que surge en torno a éste. Por lo tanto, centraremos nuestro objeto de estudio en la figura del abordaje y su actualización normativa; ya que la práctica de la navegación hace que sea uno de los aspectos más importantes y de mayor gravedad regulados por este derecho.

Inicialmente  debemos hacer una sencilla aclaración en cuanto a la naturaleza sustancial de las normas que engloba el régimen jurídico del abordaje, para así facilitar su posterior comprensión. En primer lugar, existe un conjunto normativo cuyo objetivo principal es la prevención de un abordaje; actualmente  está consolidado en un marco normativo internacional unificado y de gran calidad técnica. Y en segundo lugar, una vez sucedido el abordaje, emerge toda una normativa alrededor del accidente. Dentro de ésta se encuentran principalmente, aquellas que regulan y establecen las responsabilidades acaecidas de los hechos – culpas sobre los sujetos involucrados en el accidente marítimo-. Es decir, la posible constitución de ilícito penal por medio de tipos generales de delitos de Daños o tipos específicos, incluyendo la regulación de la responsabilidad patrimonial.

Esta normativa aplicable a los accidentes de la navegación, se ha particularizado dentro del ordenamiento jurídico español por responder desde hace muchos años a un sistema dualista. Un dualismo desarrollado principalmente por normas de derecho privado, que regulan la atribución de responsabilidades que dimanan del abordaje, y que han venido actuando simultáneamente hasta la aprobación de la ley 14/2014.

De esta forma,  por un lado hemos tenido la normativa internacional, Convenio de Bruselas de 23 de Septiembre de 1910,  para la unificación de ciertas reglas en materia de abordajes, también llamado CRA. Y por otro lado, a nivel nacional, las disposiciones del Código de Comercio. Un código cada vez más obsoleto, tanto en sus conceptos como en su aplicabilidad práctica. Consecuencia de ello,  muchas materias son hoy reguladas por disposiciones específicas incorporadas a nuestro ordenamiento mediante decretos; otorgando así a este compendio normativo su innegable condición subsidiaria. Su contenido marítimo se desarrolla por el  Libro III, Título IV; “De los riesgos, daños y accidentes del comercio marítimo”. Título que se divide, a su vez, en cuatro secciones que se corresponden con: “las averías”, “arribadas forzosas”, “abordajes” y “naufragios”, respectivamente.

Ambas normas aplicables en España han creado una esfera de inseguridad e incertidumbre jurídica frente a los sujetos sometidos a la jurisdicción española. Razón por la cual el problema fundamental ha residido siempre en el resultado obtenido por las partes, pues dependiendo de la norma aplicada por los tribunales españoles, estos resultados pueden llegar a ser contradictorios. Los presupuestos de determinación de la responsabilidad en un caso de abordajes, difieren de una normativa a otra dando como consecuencias soluciones discordantes.

Con la llegada de la Ley de Navegación Marítima se marca un antes y un después en la historia del sector marítimo, pues se produce definitivamente el cese de este problema.  La dualidad normativa desaparece, dando la bienvenida a un único régimen que deroga las normas nacionales del código y favorece la incorporación del Derecho Internacional en materia de abordajes.

La Ley dispone el Título IV denominado  “De los Accidentes de la Navegación”, y en  su  Capítulo I, “El Abordaje”. En él se incluye de forma inédita el concepto de Abordaje definido como: “el choque en el que intervengan buques, embarcaciones o artefactos navales, del que resulten daños para alguno de ellos o para las personas o las cosas” (artículo 339).  De esta manera se suprime la carencia conceptual que existía en nuestro ordenamiento jurídico tanto para los buques como en el caso de las embarcaciones de recreo.

Asimismo, se determina el régimen aplicable en casos en los que un buque cause daños a otro, como consecuencia de una maniobra incorrecta, sin existencia de choque entre ellos. Las mismas normas del abordaje serán de aplicación en estos casos, estableciendo que el buque causante del daño será responsable de indemnizar al otro buque por los daños o pérdidas ocasionadas.

Una vez que el legislador ha determinado el concepto de abordaje, establece por medio del artículo 340 el fundamento de responsabilidad sobre el cual se justificará la condición de responsable sobre los sujetos involucrados. La esencia de este fundamento se basa en un régimen de responsabilidad extracontractual subjetivo, en combinación con una responsabilidad por culpa probada. De esta manera se sigue con la línea erigida por el CRA, sin presunciones legales de culpa en cuanto a la responsabilidad (art.6). De forma y manera que la prueba de la falta cometida, constituirá el fundamento primordial de la responsabilidad; implicando esto, que todo abordaje en el que no se pruebe la culpa de los buques involucrados podrá ser categorizado como abordaje fortuito.

En relación a la clase o tipos de abordaje, la Ley de Navegación Marítima hace referencia, siguiendo las líneas unificadoras de origen internacional, a dos tipos de abordaje: abordaje culpable y abordaje fortuito. Desaparece de esta forma el abordaje dudoso y su presunción de culpa común de los buques implicados.

El abordaje culpable se define como aquel en el que debe darse una acción u omisión causante del daño producido. Es decir, debe existir una relación de causalidad entre el hecho culpable y el resultado lesivo causado. Para ello, nuestro ordenamiento jurídico provee a las partes, de la utilización de las diferentes herramientas del derecho dispositivo sobre responsabilidad extracontractual.

No obstante, el precepto 341, determina dos tipologías dentro del abordaje culpable: el causado por culpa compartida de ambos buques o el abordaje causado por culpa unilateral de uno de los buques involucrados en el accidente. En el primero de ellos, el porcentaje de responsabilidad de los armadores se graduará en proporción al grado de culpa atribuido, respondiendo en dicha proporción a los daños y perjuicios sufridos por las personas y cosas a bordo del buque. El régimen legal adoptado  para este abordaje, continúa con la línea legal establecida por el convenio CRA, dejando atrás el artículo 827 del C.co. en el cual cada buque debía soportar su propio daño y responder solidariamente de los perjuicios y daños causados en sus cargas.

De este modo, en caso de que no se pueda establecer el grado de culpa debido a las circunstancias del hecho,  o en caso de que las faltas cometidas sean equivalentes, la responsabilidad se atribuirá a ambos armadores por partes iguales.

No obstante, la Ley de Navegación Marítima marca un rumbo propio respecto de la responsabilidad frente a terceros. La norma apuesta sin lugar a dudas, por ajustar el derecho a la realidad práctica, instaurando una responsabilidad de carácter solidario, en los casos de abordaje por culpa común, de los armadores frente a terceros perjudicados. Incluso el legislador permite en casos de responsabilidad solidaria, que aquel que haya satisfecho la indemnización, pueda mediante un derecho de regreso requerir del otro armador al pago de la cantidad indemnizada, en proporción al grado de culpa que le corresponde.

Por ende, se confiere al armador sujeto al pago de la indemnización por responsabilidad solidaria, en casos de culpa compartida, el derecho a oponer frente a terceros las excepciones que correspondan al otro armador, tanto las limitaciones de responsabilidad como las derivadas del título contractual.

Finalmente conforme a todo lo expuesto la normativa que se ha desarrollado por la ley de navegación marítima respecto al abordaje evidencia una mejora absoluta, pues se ha concluido por fin con la gran incertidumbre legal de la dualidad normativa apostando por la unificación de la materia a nivel internacional. El consenso y la participación en la elaboración y estudio del proyecto por distintos agentes marítimos, ha hecho que su aceptación y valoración pueda garantizar el desarrollo del tráfico marítimo en nuestras costas, y con ello, una apuesta segura de nuestros puertos en el comercio marítimo internacional.

 

Virginia Delgado

Abogada - DPV Abogados

Profesora Colaboradora en el “Master Internacional en Administración Marítima y Portuaria”. UIMP.